Dos
empresas del sector de la tauromaquia han visto como sus solicitudes de
indemnización presentadas por el cese de las corridas de toros en
Cataluña, han sido desestimadas por el Consejo Ejecutivo.
Una empresa de alquiler de caballos para
espectáculos taurinos y otra de toros de lidia prestatarias de sus
servicios en los festejos celebrados en la plaza de toros La Monumental
de Barcelona, habían solicitado indemnizaciones al no poder continuar su
actividad al prohibirse las corridas de toros en Cataluña a partir de
2012.
El Consejo Ejecutivo catalán ha desestimado ambas solicitudes por entender que la norma solo afecta al territorio de Cataluña y las dos empresas pueden seguir ejerciendo su actividad en el resto del Estado español, así como en Francia.
Desde la aprobación de la Ley de protección de los animales en el Parlamento catalán, la Generalitat ha recibido 29 solicitudes de reclamación de diferentes empresas y profesionales taurinos. Hasta el día de hoy 22 han sido desestimadas.
La aprobación de la Ley establece el reconocimiento de compensaciones económicas por el cese de la actividad a los colectivos afectados pero las indemnizaciones deberían tramitarse posteriormente, de acuerdo a la Ley aprobada.
Mientras que el Gobierno catalán afirma que las indemnizaciones serán de miles de euros, el sector taurino eleva la cantidad a 300 ó 500 millones de euros.
El Consejo Ejecutivo catalán ha desestimado ambas solicitudes por entender que la norma solo afecta al territorio de Cataluña y las dos empresas pueden seguir ejerciendo su actividad en el resto del Estado español, así como en Francia.
Desde la aprobación de la Ley de protección de los animales en el Parlamento catalán, la Generalitat ha recibido 29 solicitudes de reclamación de diferentes empresas y profesionales taurinos. Hasta el día de hoy 22 han sido desestimadas.
La aprobación de la Ley establece el reconocimiento de compensaciones económicas por el cese de la actividad a los colectivos afectados pero las indemnizaciones deberían tramitarse posteriormente, de acuerdo a la Ley aprobada.
Mientras que el Gobierno catalán afirma que las indemnizaciones serán de miles de euros, el sector taurino eleva la cantidad a 300 ó 500 millones de euros.
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